Lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la conservación y uso racional de los humedales

03/08/1999

cop7logo.jpg (6783 bytes)"Los pueblos y los humedales: un nexo vital"
7a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de
la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971),
San José (Costa Rica), 10 al 18 de mayo de 1999

Lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la conservación y el uso racional de los humedales

(Resolución VII.7, Anexo)

Índice

§ 1.0 Finalidad del examen de la legislación y las instituciones

§ 2.0 Preparación del examen de la legislación y las instituciones

2.1 Asignación de la responsabilidad política e institucional por el examen

2.2 Establecimiento del equipo de examen

2.3 Definición de la metodología del examen

§ 3.0 Realización del examen de la legislación y las instituciones

3.1 Establecimiento de una base de conocimientos sobre las medidas legislativas e institucionales pertinentes

3.2 Evaluación de la base de conocimientos

3.3 Recomendación de las reformas legislativas e institucionales necesarias para apoyar la conservación y uso racional


§1.0 Finalidad del examen de la legislación y las instituciones

1. La Conferencia de las Partes (COP) en la Convención de Ramsar ha adoptado orientaciones sobre marcos jurídicos e institucionales apropiados para el uso racional [nota 1], y este asunto también ha sido incluido en el Plan Estratégico 1997-2002 de Ramsar [2]. En estos instrumentos se insta a cada una de las Partes Contratantes a elaborar políticas nacionales de humedales para apoyar el uso racional y abordar todos los problemas y actividades relacionados con los humedales en un contexto nacional. Las políticas de humedales pueden ser autónomas o representar un componente claramente definido de otros procesos de planificación (v. gr., planes nacionales de acción ambiental o estrategias o planes de acción nacionales de biodiversidad). [3]

2. Como parte de este proceso de elaboración de políticas a largo plazo, la COP ha pedido específicamente a cada una de las Partes que examine sus marcos legislativos e institucionales para garantizar que sean compatibles en general con la obligación de uso racional. El examen debe abarcar no sólo las leyes e instituciones a nivel nacional, sino también en los niveles subnacional o supranacional (v. gr., organizaciones de integración económica) [4] . La finalidad de estos lineamientos técnicos es prestar apoyo práctico para llevar a cabo un examen de esta clase.

3. El proceso de examen puede ayudar a las Partes a evaluar cómo las leyes y las instituciones existentes favorecen o entorpecen la conservación y el uso racional de los humedales. Esto debería contribuir a un enfoque más racionalizado para lograrlo. El examen persigue dos objetivos principales:

  • identificar las medidas legislativas e institucionales que restringen la conservación y uso racional de los humedales; y
  • apoyar la elaboración de medidas legislativas e institucionales positivas para la conservación y uso racional de los humedales.

4. La información recogida para el examen debería aportar datos útiles para los informes nacionales presentados por las Partes a la COP [5]. Donde sea posible, el examen debe repetirse a intervalos regulares para garantizar que las leyes e instituciones sigan siendo compatibles con la obligación de uso racional establecida en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención.

5. El examen podrá constar de dos fases principales y llevarse a cabo de forma que se adapte a las circunstancias del país de que se trate: (1) una fase preparatoria (véase la Sección 2.0); y (2) una fase de aplicación (véase la Sección 3.0).


§2.0 Preparación del examen de la legislación y las instituciones

§2.1 Asignación de la responsabilidad política e institucional por el examen

6. La COP ha hecho suyos formalmente los exámenes de la legislación y las instituciones como parte integrante de la planificación del uso racional. En consecuencia, las Partes deben dar apoyo político de alto nivel a la preparación y realización del examen y a la adopción de medidas basadas en él.

7. Los Comités Nacionales de Humedales, las comisiones interministeriales y otros órganos de coordinación [6] de las cuestiones concernientes a los humedales se encuentran particularmente bien situados para hacerse responsables del examen y su supervisión, y para examinar las recomendaciones ulteriores del equipo encargado de realizarlo (véase la Sección 2.2). Cuando no exista un órgano de esta clase, las Partes podrán contemplar establecer un comité directivo interinstitucional para velar por que todos los sectores gubernamentales competentes estén representados en el examen.

8. En el caso de las Partes con un sistema de gobierno federal o descentralizado, la responsabilidad política por el examen dependerá del nivel de gobierno que tenga jurisdicción sobre los humedales y los recursos de los humedales (incluidas las especies migratorias). En diversos países la jurisdicción está dividida entre las autoridades nacionales y subnacionales; en otros recae casi enteramente en el nivel subnacional y todavía en otros las autoridades locales tienen amplias atribuciones para manejar/gestionar los humedales y tomar decisiones al respecto.

9. En el caso de las Partes en que la jurisdicción sobre los humedales se asigne al nivel local, puede ser conveniente que las autoridades de ese nivel realicen su propio examen. Sin embargo, para garantizar la coherencia con las políticas y leyes nacionales, sería útil armonizar los procedimientos de examen a nivel nacional.

§2.2 Establecimiento del equipo de examen

10. El equipo de examen tiene la responsabilidad operativa del examen e informa a la institución designada con arreglo a la Sección 2.1. Es probable que un equipo eficaz se caracterice por el compromiso, la objetividad y una amplia representatividad, incluso de disciplinas.

11. La composición del equipo dependerá de las circunstancias y capacidades particulares de cada Parte. En algunos países es posible que se haya establecido ya un equipo idóneo para elaborar una política nacional de humedales o que lo aporte un comité intersectorial de Ramsar/humedales existente. El equipo debe incluir por lo menos una persona especializada en derecho, y se debe considerar la inclusión de expertos en otras disciplinas:

  • planificadores y economistas;
  • representación técnica de las áreas de hidrología, biología, ecología y otras disciplinas relevantes; y
  • representantes de la actividad privada y del público en general, incluidas en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales [7].

Los integrantes del equipo han de conocer a fondo el funcionamiento teórico y práctico de las leyes e instituciones del país, incluidas las consuetudinarias.

§2.3 Definición de la metodología del examen

12. El equipo de examen es el encargado de definir su metodología, esto es, cómo se llevará a cabo cada etapa del mismo y dentro de qué horizonte de tiempo; de asignar tareas concretas a los miembros del equipo; y de determinar el alcance del examen.

13. En esta fase preparatoria es importante que los miembros del equipo de examen lleguen a un entendimiento común, para los fines del examen, de lo que se entiende por "humedal" en el país de que se trate [8].

14. El diagrama 1 ofrece un ejemplo de metodología posible para llevar a cabo el examen. En él el examen se representa como un proceso continuo (cíclico) con tres etapas fundamentales: (1) establecimiento de una base de conocimientos sobre las leyes e instituciones pertinentes; (2) evaluación de la base de conocimientos establecida; y (3) recomendación de las reformas legislativas e institucionales necesarias para promover la conservación y el uso racional de los humedales.

15. Las Partes pueden decidir iniciar el examen en distintas fases de este ciclo, dependiendo de su situación nacional. Por ejemplo, algunos países cuentan ya con una base de conocimientos científicos, jurídicos e institucionales de resultas de la elaboración de políticas nacionales de humedales o del cumplimiento de sus obligaciones de planificación intersectorial con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) o a la Convención de lucha contra la desertificación (1994). Puede que otros países hayan llevado a cabo un examen recientemente para codificar la legislación o redactar leyes ambientales modernas.


§3.0 Realización del examen de la legislación y las instituciones

16. Una vez ultimada la fase preparatoria, el equipo de examen puede llevar a cabo el examen aplicando la metodología elegida. Las tres fases del proceso de examen se describen más detalladamente en las secciones siguientes.

§3.1 Establecimiento de una base de conocimientos sobre las medidas legislativas e institucionales pertinentes

17. Una de las tareas clave del equipo de examen es crear una recopilación o base completa de conocimientos sobre las leyes y medidas institucionales del país relacionadas con los humedales. El contenido de esta base de conocimientos dependerá de las circunstancias nacionales y por ende la base de conocimientos de cada país será única.

18. Muchas fuentes de derecho pueden contribuir a la creación de esta base de conocimientos. En general, éste rige los procedimientos, las decisiones y las actividades de los órganos públicos y los derechos y deberes del sector privado, de las comunidades y de las personas naturales (véase una lista no exhaustiva de posibles fuentes en el diagrama 2). En el extremo más formal del espectro, los estatutos y los reglamentos de aplicación sientan las bases jurídicas de las facultades reglamentarias, las normas de planificación, los gastos públicos, la tributación, así como de medidas económicas para proyectos o actividades susceptibles de afectar a los humedales en forma positiva o negativa. En el otro extremo del espectro, puede que las normas consuetudinarias representen la principal fuente del derecho que rige los derechos y deberes de los pueblos indígenas y las comunidades locales respecto de los recursos de los humedales.

19. Puede que el equipo de examen sea capaz de acceder fácilmente a una base de conocimientos ya existente o que necesite encargar que se establezca. Las fuentes útiles pueden abarcar informes, estudios, documentos de política e inventarios elaborados como parte de un proceso de elaboración de políticas nacionales de humedales o políticas ambientales amplias. Puede que otras informaciones útiles se hayan compilado a nivel local para los fines de un plan de manejo/gestión de un humedal.

20. Al establecer la base de conocimientos puede ser útil dividir conceptualmente las fuentes del derecho aplicable en dos categorías: (1) medidas legislativas e institucionales "relacionadas con los humedales" (véase la Sección 3.1.1); y (2) medidas legislativas e institucionales sectoriales que afectan a los humedales directa e indirectamente (véase la Sección 3.1.2).

§3.1.1 Identificación de medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales

21. Las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales son las que promueven su conservación y uso racional de manera directa, incluidas las que respaldan la aplicación de la Convención de Ramsar. Todas las Partes cuentan con alguna clase de legislación o administración ambiental que sirve o puede servir para apoyar la conservación y uso racional de los humedales, aunque son relativamente pocas las que han promulgado leyes especiales sobre los humedales. Dependiendo del país, las medidas de conservación y uso racional pueden estar previstas en leyes y reglamentaciones nacionales y subnacionales relativas a la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza, las áreas protegidas, las evaluaciones y auditorías del impacto ambiental, la planificación del uso de la tierra, el manejo/gestión de zonas costeras, el manejo/gestión de recursos hídricos o la lucha contra la contaminación. Puede que las normas consuetudinarias y las instituciones de base comunitaria sean importantes a nivel local.

22. Para los fines del análisis ulterior, puede ser útil organizar este componente de la base de conocimientos dividiéndolo en las cuatro categorías enumeradas en las Orientaciones adicionales sobre uso racional: (1) medidas que no guardan relación con un sitio específico; (2) medidas relacionadas con un sitio específico; (3) coordinación jurisdiccional e institucional; y (4) mecanismos de cooperación transfronteriza e internacional (véase el diagrama 2). Una lista no exhaustiva de posibles medidas legislativas e institucionales podrá incluir:

a) el instrumento jurídico adoptado para incorporar la Convención de Ramsar al derecho interno;

b) medidas legislativas e institucionales de aplicación general o no relacionadas con un sitio específico y medidas institucionales que promuevan la conservación y uso racional de los humedales (medidas reglamentarias y no-reglamentarias) y/o confieran un régimen de protección especial a humedales;

c) medidas legislativas e institucionales, inclusive normas consuetudinarias aplicables a sitios específicos que promuevan al conservación y el uso racional de los humedales, así como las instituciones consuetudinarias en las que se apoyan;

d) medidas legislativas e institucionales relativas al manejo/gestión integral de cuencas hidrográficas, de captación o recolectoras o de zonas costeras; acuerdos internacionales sobre humedales, cursos de agua o especies de flora y fauna de humedales compartidos; y

e) las medidas legislativas e institucionales pertinentes adoptadas en consonancia con otros tratados o instrumentos supranacionales.

23. El equipo de examen debe determinar en qué instituciones y organismos recae la responsabilidad funcional sobre la conservación y uso racional de los humedales, incluidas cuestiones transfronterizas relacionadas con ellos. En el caso de las Partes con un sistema de gobierno federal o descentralizado el equipo debe aclarar cómo la jurisdicción sobre los humedales y los productos de los humedales se divide entre las autoridades nacionales y subnacionales y si existe algún mecanismo de coordinación entre los distintos niveles.

§3.1.2 Identificación de las medidas legislativas e institucionales que afectan a los humedales directa o indirectamente

24. El paso clave para identificar las medidas legislativas e institucionales que afectan a los humedales directa o indirectamente es que el equipo de examen determine qué categorías de procesos y actividades [9] contribuyen a la pérdida de funciones, valores y beneficios de los humedales en el país. Para hacer esto, el equipo de examen puede emplear los informes científicos y sobre políticas, así como los estudios e inventarios existentes para determinar las principales amenazas para los humedales del país de que se trate. Donde no se cuente con esta información, puede que haga falta encargar que se recopile.

25. Los procesos que modifican las propiedades naturales de los humedales pueden agruparse en cuatro grandes categorías:

a) pérdida o degradación de extensiones o paisajes de humedales;

b) cambios en el régimen de las aguas (v.gr., velocidad, caudal, caudales estacionales, aguas subterráneas);

c) cambios en la calidad del agua (v. gr., contaminación, eutrofización, sedimentación); y

d) sobreexplotación o perturbación de humedales y productos de humedales.

Los procesos de esta clase son generados por actividades humanas dentro y fuera de los humedales. Algunos tipos de actividades humanas (es decir, desecación, contaminación o avance urbano) generan casi siempre procesos perjudiciales para los humedales, individualmente o de forma acumulativa. Otros tipos de actividad (v. gr., la pesca, la agricultura y el ecoturismo) pueden ser compatibles con el uso racional dentro de ciertos límites, pero son capaces de generar procesos perjudiciales si rebasan la capacidad de sustentación del sistema hídrico, la zona costera o el humedal de que se trate.

26. Para los fines del análisis ulterior de este componente de la base de conocimientos, se podrá elaborar una lista de los principales procesos relacionados con la pérdida o degradación de humedales públicos y privados en el territorio nacional o allende las fronteras nacionales. Luego, se podrán enumerar respecto de cada categoría los sectores responsables de las actividades que contribuyen al proceso de que se trate, juntamente con las actividades propiamente dichas. Los sectores pertinentes pueden abarcar la agricultura, la silvicultura, la pesca, la salud pública, el desarrollo territorial, la energía, la industria, la inversión, la minería, la navegación, el turismo, el comercio y el transporte (véase el diagrama 2). La información recogida proporcionará un antecedente técnico que el equipo de examen podrá emplear para identificar, correlacionar y luego evaluar la base legislativa e institucional de la actividad identificada.

§3.2 Evaluación de la base de conocimientos

27. Una vez que el equipo de examen ha establecido una base de conocimientos (véase la Sección 3.1), puede evaluar las medidas legislativas e institucionales identificadas en sus dos componentes. Los pasos clave en la fase de evaluación son:

a) determinar la eficacia de las medidas legislativas e institucionales en vigor relacionadas con la promoción de la conservación y uso racional de los humedales; y

b) analizar cómo las medidas legislativas e institucionales sectoriales afectan a los humedales directa o indirectamente;

La evaluación debería ayudar al equipo a determinar las restricciones legislativas e institucionales a la conservación y uso racional de los humedales en el país. Es necesario determinar esto antes de que el equipo pueda formular recomendaciones sobre las reformas legislativas e institucionales requeridas (véase más adelante la Sección 3.3).

28. Puede que el equipo considere útil concebir un marco para analizar objetivamente las medidas legislativas e institucionales identificadas. Esto se puede hacer paralelamente a la elaboración de los marcos de organización recomendados respecto de ambos componentes de la base de conocimientos en las Secciones 3.1.1 y 3.1.2, o tomándolos como base.

29. Mientras lleva a cabo su evaluación el equipo de examen ha de tener presente que las leyes e instituciones han variado tradicionalmente de manera incoherente, con escasa coordinación intersectorial y pocas referencias a los humedales. Por tanto, debe estar alerta para detectar conflictos entre las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales y las medidas legislativas e institucionales sectoriales que pueden dificultar el logro del uso racional en todo el país, para aplicar políticas rentables de humedales, regular o manejar/gestionar las actividades potencialmente perjudiciales o establecer asociaciones de colaboración a largo plazo con los propietarios y usuarios de los humedales, las comunidades locales y el sector privado.

30. Como parte de su evaluación, el equipo de examen debe estar alerta también para determinar otras medidas legislativas e institucionales que obstaculicen los esfuerzos para alcanzar la conservación y el uso racional de los huemdales. Éstas pueden abarcar:

a) políticas, leyes, impuestos y prioridades institucionales sectoriales contrapuestos;

b) leyes aplicables a los humedales poco enérgicas o incompletas (v. gr., exclusión de los humedales costeros, falta de salvaguardias legales que garanticen un suministro de agua de calidad y volumen adecuados);

c) regímenes de tenencia y uso de la tierra y de los recursos que socavan el uso racional;

d) autoridades administrativas de los humedales mal concebidas o ineficaces;

e) limitaciones administrativas a la gestión de cuencas hidrográficas y zonas costeras como ecosistemas;

f) falta de procedimientos eficaces de monitoreo, ejecución y adopción de medidas correctivas; y

g) falta de disposiciones para la compensación de pérdidas de hábitat o de funciones de los humedales.

Todos los vacíos, así como las superposiciones e incoherencias son pertinentes para la evaluación y deben describirse en el examen.

§3.2.1 Evaluación de la eficacia de las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales en la promoción de la conservación y uso racional de los mismos

31. Es necesario que el equipo de examen evalúe la eficacia de las medidas legislativas e institucionales en vigor relacionadas con los humedales que vayan dirigidas a promover su conservación y uso racional. Si bien la conservación y el uso racional pueden promoverse de muchas maneras, la Conferencia de las Partes ha subrayado la importancia fundamental de unas medidas jurídicas, normativas, institucionales y organizativas apropiadas para alcanzar estos fines. El equipo de examen podrá emplear las Directrices sobre uso racional como punto de partida al evaluar las medidas legislativas e institucionales vigentes en el país. Podrá elaborar también indicadores de eficacia adaptados a las circunstancias nacionales. En los párrafos 32 a 35 infra aparece una lista no exhaustiva de cuestiones para examen.

32. Las posibles consideraciones sobre las medidas no relacionadas con sitios específicos podrán abarcar:

a) ¿Es la definición legal de "humedales" o el alcance de las medidas legislativas e institucionales relacionadas con los humedales lo bastante amplio como para que abarque todas las categorías de humedales abarcadas por la Convención de Ramsar?

b) ¿Permite la legislación sobre planificación del uso de la tierra (nacional, provincial o local) conferir el régimen de protección a humedales y poner límites al desarrollo urbano, industrial y recreativo susceptible de tener efectos perjudiciales en las funciones, los valores y los beneficios de los humedales, inclusive en un contexto transfronterizo?

c) ¿Apoyan los principios, las normas y las técnicas aplicables a las actividades socioeconómicas, incluidas las normas de evaluación del impacto ambiental, el mantenimiento de las funciones, los valores y beneficios de los humedales e incorporan el enfoque basado en el principio de precaución?

d) ¿Existe una base jurídica para alentar medidas de conservación y custodia positivas por parte de los propietarios y usuarios de los humedales y las organizaciones no-gubernamentales (v. gr., contratos, servidumbres de conservación o disposiciones fiscales)?

e) Donde el desarrollo supone la pérdida o degradación de humedales, ¿existe una prescripción legal que obligue a indemnizar en efectivo o de otra manera, en consonancia con el principio de que quien contamina paga?

f) ¿Tienen las partes interesadas la posibilidad de interponer recursos con arreglo al derecho civil o administrativo cuando se destruyen o dañan humedales en contravención a la ley?

g) Donde la destrucción o degradación de los humedales es delito, ¿son apropiados los procedimientos para hacer cumplir las normas pertinentes y se han fijado penas de un nivel apropiado?

33. Las consideraciones relacionadas con sitios específicos podrán abarcar:

a) ¿Basta el régimen conferido a los sitios Ramsar y a los humedales que son reservas naturales para garantizar su conservación y uso racional?

b) ¿Es posible desde el punto de vista jurídico e institucional designar y manejar/gestionar humedales costeros protegidos, aun cuando puedan abarcar zonas terrestres y marinas?

c) Cuando se designan humedales como zonas protegidas, ¿autoriza la legislación a los pueblos indígenas y comunidades locales a acceder a ellos y usarlos de forma continua cuando esto es compatible con la conservación y uso racional de los sitios de que se trate?

d) ¿Apoya la legislación las normas, prácticas, sistemas de tenencia e instituciones consuetudinarios de los pueblos indígenas y comunidades locales que promueven el uso sostenible de los recursos de los humedales?

e) ¿Tienen los usuarios de los humedales, incluidas los pueblos indígenas y comunidades locales y otros interesados, el derecho de información, representación y participación en el manejo/gestión del sitio?

f) ¿Apoya la legislación la elaboración y ejecución de planes de manejo/gestión de los humedales?

g) ¿Prescribe la ley que los órganos de manejo/gestión de los humedales han de ser consultados respecto de las actividades externas potencialmente perjudiciales?

34. Las consideraciones relacionadas con la coordinación jurisdiccional e institucional podrán abarcar:

a) ¿Existen procedimientos de coordinación horizontal (intersectorial) entre las autoridades administrativas de los humedales y los ministerios y organismos sectoriales competentes?

b) ¿Existen procedimientos de coordinación vertical de las cuestiones concernientes a la conservación y uso racional entre los distintos niveles de gobierno, particularmente en los países con sistemas de gobierno federales o descentralizados?

c) ¿Qué pasos se han dado, de ser el caso, para promover la coherencia entre los planes, políticas y programas sectoriales y las obligaciones relacionadas con el uso racional (sostenible)?

d) ¿Qué medidas legislativas e institucionales se han adoptado para coordinar e integrar el manejo/gestión de los sistemas de aguas interiores (cuencas hidrográficas, de captación o colectoras) y las zonas costeras?

e) ¿Se han adoptado medidas legislativas e institucionales para involucrar a los interesados en la formulación de políticas y la planificación del uso racional?

f) ¿Cuentan las autoridades administrativas nacionales o subnacionales con atribuciones y recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para ejecutar programas de conservación y uso racional de humedales?

35. Las posibles consideraciones de cooperación transfronteriza e internacional abarcan:

a) ¿Existe una base jurídica e institucional de manejo/gestión coordinado de humedales compartidos, cursos de agua internacionales o flora y fauna de humedales con uno o más países vecinos? En tal caso, ¿sería posible incrementar la eficacia de los programas de coordinación institucional y manejo/gestión conjunto o ampliarlos en el futuro?

b) ¿Se han tomado medidas con arreglo a otros acuerdos internacionales relativos al medio ambiente para fomentar la cooperación bilateral o multilateral? En tal caso, ¿podrían servir de base para fortalecer la acción internacional coordinada respecto de las cuestiones concernientes a los humedales y los recursos hídricos?

c) ¿Existen procedimientos para velar por que la inversión extranjera y nacional y los programas de cooperación/asistencia no respalden actividades susceptibles de causar daños a los humedales y sean plenamente compatibles con la obligación de uso racional?

§3.2.2 Análisis de cómo las medidas legislativas e institucionales sectoriales afectan a los humedales directa o indirectamente

36. Las medidas legislativas e institucionales sectoriales que apoyan procesos y categorías de actividades identificadas a tenor de lo estipulado en la Sección 3.1.2 socavarán el cumplimiento eficaz de las obligaciones dimanantes de la Convención de Ramsar. Después de identificar los procesos y categorías de actividades que ponen en peligro los humedales del país y las leyes e instituciones sobre las que se basan, el equipo de examen debe determinar cómo estas últimas fomentan la pérdida de humedales.

37. El equipo de examen se podrá guiar por las preguntas siguientes:

a) ¿Qué disposiciones obstaculizan directamente el uso racional (v. gr., desecación obligatoria de humedales o incentivos financieros y fiscales a la conversión)?

b) ¿Qué medidas apoyan indirectamente la pérdida y degradación, inclusive mediante "incentivos negativos", como subvenciones para desarrollar franjas costeras o llanuras de inundación?

c) ¿Están los usuarios, promotores y quienes contaminan obligados a sufragar los costos de la pérdida o degradación de humedales o a indemnizar?

d) ¿Están las actividades susceptibles de afectar a los humedales directa o indirectamente sujetas a evaluaciones del impacto ambiental y se incorporan las consideraciones relativas a los humedales en el proceso de evaluación?

e) ¿Exoneran las leyes y reglamentaciones (incluidas las de EIA) a determinadas categorías de actividades que tienen efectos negativos en los humedales y sistemas hídricos?

f) ¿Existen procedimientos de monitoreo y ejecución y recursos eficaces?

§3.3 Recomendación de las reformas legislativas e institucionales necesarias para apoyar la conservación y uso racional de los huemdales

38. Una vez que el equipo de examen ha identificado los puntos fuertes y débiles del marco legislativo e institucional del país, puede contemplar tres tipos de recomendaciones como resultado del proceso de examen.

39. En primer lugar y como cuestión prioritaria, el equipo de examen debe recomendar medios para lograr que las medidas legislativas e institucionales que contribuyen a la pérdida de humedales se puedan armonizar mejor con los objetivos de conservación y uso racional. Si ello no fuera posible, el equipo debe recomendar la derogación de esas medidas. Donde esto no sea viable a corto plazo, debe hacerse todo lo posible para reducir el alcance de tales medidas gradualmente.

40. En segundo lugar, el equipo de examen debe identificar y recomendar medios de aplicar más eficazmente las medidas legislativas e institucionales en vigor sin necesidad de promulgar leyes o reglamentaciones nuevas.

41. En tercer lugar, el equipo de examen debe identificar y asignar prioridades a los ámbitos en que la legislación y las instituciones deben perfeccionarse o consolidarse o en que sea preciso elaborar nuevos instrumentos legislativos o económicos.


Diagrama 1: Ejecución de un examen de la legislación y las instituciones


Diagrama 2: Establecimiento de una base de conocimientos sobre las medidas legislativas e institucionales pertinentes

 


Notas

1) Directrices sobre uso racional de los humedales (Recomendación 3.3); Directrices para la aplicación del concepto de uso racional (Recomendación 4.10); Orientaciones adicionales para la aplicación del concepto de uso racional (Resolución 5.6).

2) Adoptado por la COP en su 6a.Reunión, Brisbane 1996.

3) Véase Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de Humedales (Resolución VII.6).

4) Plan Estratégico, Objetivo Operativo 2.1.

5) En la Acción 2.1.1 del Plan Estratégico de Ramsar se pide a las Partes que indiquen en sus informes cómo se aplican las Directrices sobre uso racional.

6) El establecimiento de tales órganos se recomienda en la Sección I.1.2), Orientaciones adicionales sobre uso racional.

7) Véase el proyecto de párrafo.12, de los Lineamientos para establecer y fortalecer la participación de las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el manejo de los humedales (Resolución VII.8)

8) Algunos países no cuentan con una definición jurídica convenida de "humedales". La definición amplia de la Convención (párrafo 1 del artículo 2) se aplica a los humedales interiores y costeros: "extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".

9) Obsérvese que el Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula que las Partes identificarán y regularán o gestionarán los procesos y categorías de actividades que tengan efectos perjudiciales en la diversidad biológica (Artículo 7).

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